Contra la Impunidad y la violación de los Derechos Humanos de ayer y de Hoy

- Aniversario del secuestro de 12 personas (Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas) perpetrado por militares bajo el mando de Alfredo Astiz (1977) - Día internacional de los Derechos Humanos

Este 10 de diciembre es una fecha propicia para manifestar, masivamente, en las calles de Córdoba, por la defensa de los derechos humanos; y el rechazo y la denuncia a las políticas represivas del estado y los proyectos políticos de sus gobiernos.
Los asesinatos, torturas, represiones, detenciones, desalojos y desapariciones de hoy, se dan bajo un gobierno que dice “defender los derechos humanos”. Por lo que creemos que esta lucha debe preservar total independencia del estado, sus instituciones y los gobiernos de turno, ya que siempre que se producen violaciones a los derechos humanos, en democracia o en dictadura, el autor es el estado.

Hoy nos movilizamos por cada una de las violaciones de los derechos humanos, cometidas en los 70, que permanecen impunes, son contados los y las genocidas que cumplen sus condenas en cárcel común. También marchamos por los y las compañeras asesinadas en democracia, víctimas de gatillo fácil. Exigimos juicio y castigo a todos y todas las responsables de los asesinatos de los pibes de Bariloche: Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas, Nicolás Carraza.

Repudiamos la tercerización de la represión. Y redoblamos nuestro compromiso por Mariano Ferreyra, en momentos en que la justicia y el gobierno nacional trazan un operativo político de impunidad en la causa del crimen.

Continuamos luchando por justicia para los y las originarias Qom: Roberto López y Sixto Gómez; por los y las sin techo de soldatti, víctimas de la federal, la metropolitana y las patotas barras bravas: Bernardo Salgueiro, Juan Quispe Castañeta, Rosemarie Churapuña, Julio Valero; a los compañeros asesinados de Ledesma: Félix Reyes, Pérez, Ariel Farfán; por Cristian Ferreyra, asesinado por sicarios bajo orden de un empresario sojero, en Santiago del Estero.

También nos movilizamos por lxs mas de 5.000 procesados y procesadas por luchar, exigimos su desprocesamiento, el cese de la criminalización de la protesta social y la libertad de los presos políticos Carlos Olivera , Karina Germano y Victor Oñate.

Hoy reafirmamos nuestra lucha por justicia porque entendemos que con impunidad y represión no hay derechos humanos.

Las políticas represivas y el ataque a las luchadoras y luchadores, irán en aumento luego del resultado de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, que estuvieron signadas por características de los sistemas democráticos formales (conservadurismo, utilización del aparato estatal a favor del partido que gobierna, transas entre el poder económico y el poder político, malversación de fondos para campañas electorales, subsidios para la cooptación política a las organizaciones populares, complicidad de la justicia electoral, proscripción de las expresiones políticas del pueblo...). En la Provincia y en la Ciudad de Córdoba, los De La Sota y los Mestre serán impulsores de políticas que siempre defendieron, represivas y de tolerancia 0.

Los genocidas de la dictadura del '76 y sus cómplices siguen en su mayoría impunes. Los Menem, los Moyano, los Macri, son absueltos por la justicia cómplice. El Estado nacional –al igual que los Estados provinciales y municipales de todo el país– es administrado por y para los intereses de una minoría, la clase propietaria, al mismo tiempo que se niega y se combate los reclamos legítimos de las grandes mayorías, las trabajadoras, los desocupados, las estudiantes, los jubilados...

Las cárceles de Argentina han sido repudiadas por Organismos Internacionales, dado el alto índice de asesinatos, torturas, y vejaciones de todo tipo a los Derechos Humanos. La explotación laboral que sufren las presas y los presos es equiparable a un régimen de esclavitud. Los desaparecidos de hoy se encuentran encerrados en centros de tortura y represión legalizados por los gobiernos.

La Policía de Córdoba ilegítimamente persigue, encarcela y tortura, respaldada con la aplicación del inconstitucional Código de Faltas de la Provincia. A diario ejecuta cientos de detenciones bajo figuras ambiguas de contravenciones. Tiene facultad de juez y parte en situaciones que criminaliza. Restringe la circulación libre y atenta contra la integridad física y moral. Es esta política de hostigamiento y escarmiento el costo inevitable de una provincia para pocos.

Los primeros síntomas de la crisis capitalista van tomando cuerpo, con la injusta consecuencia de un tendal de suspensiones en las fábricas de Córdoba. Los conflictos en la Salud Pública, denunciados por las trabajadoras y los trabajadores de la salud, encuentran como respuesta la represión a cargo de las patotas sindicales cordobesas. La voracidad de algunas empresas, como el grupo Electroingeniería y los Bugliotti, requiere una política agresiva contra la población, que es expulsada de sus viviendas y robada descaradamente. La plata de los asalariados no va a parar a educación, producción, o salud, es destinada a gastos estériles, en monumentos del bicentenario esclavista.

Los pueblos originarios y las comunidades aborígenes de todo el país, sufren a diario la amenaza de desalojo y el abandono del Estado. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen una respuesta rápida cuando las comunidades reclaman por sus Derechos: los fusilamientos y la represión. La gendarmería nacional y las policías locales defienden, por orden de los gobernantes y bajo el amparo de leyes represivas, los intereses de los capitales rurales, mineros, energéticos...

En la ciudad de Córdoba, las vecinas y vecinos de Villa La Maternidad y el Tropezón (entre otros barrios) resisten heroicamente a las topadoras y a la plata sucia del gobierno provincial, que intenta desalojarlas/os y depositarlas/os en barrios-cárceles, donde no hay transporte, ni cloacas, ni servicios esenciales, y lo que sobra es la contaminación ambiental. La Policía, los trabajadores sociales del gobierno, las patotas y las topadoras, no fueron suficientes para doblegar la lucha de las vecinas y los vecinos. Pero el boom inmobiliario, en parte producto de la codicia de los sojeros, no deja de expandirse y constituye una amenaza para los habitantes de los barrios céntricos de la ciudad de Córdoba.

Los capitalistas, encaramados en los gobiernos nacionales y transnacionales, o desde sus puestos empresariales, continuarán imponiendo la explotación de los glaciares, leyes que protejan a la megaminería, el negociado con el agua y los bosques nativos, despidos masivos, el saqueo de los bienes naturales, políticas de control y castigo a las poblaciones...

La política represiva del estado, es la respuesta a nuestras luchas.

Desde abajo seguiremos oponiendo nuestros reclamos y reivindicaciones, abonando la lucha cotidiana y a largo plazo, por una sociedad radicalmente distinta.





UNIDAD, LUCHA Y ORGANIZACIÓN



EXIGIMOS:



Anulación del Código de Faltas



No a la criminalización de la protesta social



Libertad a Carlos Olivera, Karina Germano y Victor Oñate



Basta de gatillo fácil y torturas en cárcel y comisarias.



Juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy