SIN LIBERTAD DE EXPRESION

Ciertamente las grandes empresas de medios como clarín o Nación importaran papel, pero los mas pequeños comunales o regionales no solo no podrán hacerlo, sino que siguiendo con la técnica k de borrar todo lo que molesta no recibirán ningún cupo de papel, por lo que es una forma directa de censura, ni siquiera indirecta como critican muchos.
Todo ademas de contraponerse contra la CONSTITUCIÓN NACIONAL en todos los artículos referentes a la libertad de expresión que tanto parece molestarle a la Viuda de Kirchner.
Es notable como nuestra ¨ Constitución ha sido y sigue siendo violada reiteradamente por gobiernos tanto CONSTITUCIONALES elegidos por el pueblo como por dictadores que han propiciado golpes de estado, con lo que encontramos entre ellos otra gran semejanza.
Lamentablemente este nuevo ataque a la libertad de expresión sumado a la aprobación de la Ley Anti terrorista, que vulnera el derecho a paro y protesta de cualquier trabajador y/o luchador social viene marchando como forma de reprimir y amansar a los que no estén de acuerdo con este sometimiento.

Resulta casi infantil las declaraciones de la Viuda de Kirchner, como de sus felpudos aplaudidores de que ellos jamas han reprimido a nadie, lo cual ya es una mentira solo baste recordar a los Quom reprimidos en la 9 de julio por la federal acompañados con los nenes de la Camporita, pero no solo es mentira sino Infantil digo pues que significa para ellos esta ley y estos dichos finalmente? una amenaza que si esto es cierto y luego no los votas el gobierno que pueda seguir REPRIMIRÍA ya que tienen todas las formas legales para hacerlo? Así es.

picamiel

Los especialistas aseguran que el proyecto de ley es inconstitucional

Dicen que viola claramente el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Mientras el kirchnerismo acelera los tiempos para sancionar el próximo jueves la ley de control de papel para diarios, los especialistas advierten que la Justicia podría dictaminar su inconstitucionalidad.

“El artículo 32 de la Constitución Nacional impide que se dicten leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que impongan la jurisdicción federal ”, sostuvo el especialista Daniel Sabsay. Y Gregorio Badeni agregó, que eso “ abarca a los insumos necesarios para imprimir un diario , así que es clarísimo que esta ley restringe ese derecho para poder ejercer la libertad de prensa en forma gráfica”.

Ambos constitucionalistas explicaron que ese derecho se complementa con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es uno de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Allí se plantea que está prohibido “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” , como el abuso de controles en el “papel para periódicos” .

Ese pacto los denomina medios de censura indirecta , ya que la censura puede provenir de mecanismos entre los cuales la regulación oficial de la producción y comercialización del papel para diarios “es una de las formas de imponer censura” , dijo Sabsay.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Juan Gelman estableció recientemente que el Congreso uruguayo incumplió el Pacto de San José, porque “más allá de la ley de amnistía y del referendum que avaló la amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos, la aplicación del Pacto es una obligación que tienen los jueces y los congresos de cada país” La constitucionalista María Angélica Gelli, aclaró que las disposiciones contenidas en el proyecto oficial “son de un intervencionismo tan enorme, que podrían dejar en manos del Estado determinar quién y cómo va a tener acceso al papel de diario”. Esas disposiciones dejan en manos del Ministerio de Economía y de sus Secretarías de Comercio Interior y Exterior, “una serie de controles, que son peligros concretos al aseguramiento del derecho que garantiza en su artículo 32 la Constitución Nacional”, dijo Gelli. Hay que destacar que esas Secretarías están a cargo de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, los dos principales funcionarios con una intensa actividad en el operativo gubernamental para controlar Papel Prensa.

También Gelli consideró que el proyecto “establece una intervención tan intensa del Estado sobre una empresa, que es una ley con nombre y apellido” , Papel Prensa.

Por todos estos motivos es que Ricardo Gil Lavedra afirmó que la iniciativa “ no supera el más elemental test de constitucionalidad.

La justicia deberá reponer la legalidad conculcada”.

El proyecto oficial impacta en toda la sociedad, ya que el artículo 32 es un derecho establecido “como una ampliación del sistema representativo”, explicó Gelli. Y remitió al momento en que se incorporó en la Constitución Nacional, allá por 1860, cuando la provincia de Buenos Aires tenía desconfianza del Gobierno nacional y Dalmacio Vélez Sársfield defendía este derecho como uno de los que le quedaban al pueblo después de elegir a sus representantes, para que ellos no hagan las cosas sin tomar en cuenta el límite de la libertad de expresión.

ALEJANDRO ALFIE

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Irónico pero cierto hasta las grandes empresas reconocen que esto afectara mucho mas a los medios pequeños.

Algo de lo que no se da cuenta la ciudadanía en general y menos ahora que esta muy distraída por las próximas fiestas es que esto la afectara directamente en el futuro
bien cercano. Si sumamos a esta nueva forma de censura, la ley antiterrorista estimo que como dice el historiador que sigue las leyes sobre DDHH en Argentina están retrasadas en la forma de limitarnos como seres humanos DIGNOS, porque la dignidad también depende de poder mostrar nuestras diferencias.
picamiel

Los ciudadanos somos víctimas

El tero pone los huevos en un lugar y grita en otro. Este gobierno estatiza como los antiguos progresistas, mientras destruye sistemáticamente el Estado, sus agencias y sus normas . Argumenta con razones de interés general y ejecuta con los objetivos del grupo gobernante. Quienes le creyeron, como con las AFJP, luego se lamentan.

Declarar de interés nacional la fabricación de papel forma parte de esta táctica del tero . No es hoy una política de interés general –como podría serlo la minería a cielo abierto–, sino de una batalla contra Clarín y La Nación.

Es sabido: el Gobierno se propone desguasar al Grupo Clarín y convertir a Papel Prensa en una nueva empresa estatal, como Aerolíneas. Tendrá así ingresos adicionales para sus cajas negras y canonjías para los jóvenes de La Cámpora.

Y habrá ganado una batalla contra el archienemigo. ¿Lo es realmente? No parecía serlo hasta 2008, cuando comenzó el embate. Pero la táctica de este gobierno –nos ha enseñado Laclau– no consiste en enfrentar enemigos reales sino en crearlos.

Un buen enemigo alinea a la tropa y justifica la tropelía.

Las víctimas somos los ciudadanos . La libertad de prensa, que también es la libertad de los grandes medios, estará más amenazada.

Ya tenemos una cadena oficial y oficiosa digna de los tiempos de Apold. Ya tenemos periodistas intimidados. Ya tenemos esas prácticas extendiéndose hacia otros territorios.

¿Quién podrá protegernos? Necesitamos con urgencia nuevas organizaciones de derechos humanos.

LUIS ALBERTO ROMERO HISTORIADOR, MIEMBRO DEL CLUB POLITICO ARGENTINO
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los diarios del interior rechazan la intervención estatal

La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) expresó su rechazo a la intervención estatal en el abastecimiento de papel de diario, en medio del debate del proyecto de ley del Gobierno para controlar la producción, venta e importación de este insumo, En el acelerado trámite en Diputados, el kirchnerismo sugirió que esa entidad respaldaba el proyecto oficial. Por eso, la asociación -que agrupa a la mayoría de los diarios de las provincias- tuvo que salir a publicar hoy una solicitada donde deja en claro que esto no es así.

“Consideramos que el Estado no debe intervenir en las decisiones relativas a la venta y distribución de papel” , dice el texto firmado por el presidente de ADIRA, Fernando Cuello, y por el secretario, Sebastián Zuelgaray.

La entidad reclamó además asegurar la libertad de importación sin cupos ni aranceles, algo que justamente va en contra del proyecto oficial, que en varios de sus artículos abre la puerta al control de las importaciones.

Para ADIRA, su posición no es una cuestión “dogmática, sino que se basa en la experiencia aquilatada a lo largo de varias década s en las que los sucesivos gobiernos, constitucionales o de facto, avalaron y/o propiciaron discriminaciones en el suministro de papel que, en algunos casos, llegaron a signar el destino de muchas publicaciones de la Argentina”.

El diario La Nación recordó en un editorial, que durante varios años, hasta 1955, tuvo que editarse con solo 6 páginas , por la asignación discrecional que implicó la cuotificación en la importación y distribución de papel. En ese entonces, el país no fabricaba papel para diarios y la mayor parte de los insumos eran importados. Por eso, fue una estrategia de los principales diarios contar con una planta que fabricara papel, para no depender de los condicionamientos de los gobiernos de turno.

El comunicado se afirma que “el acceso al papel para impresión de diarios es un requisito esencial para la actividad y, habida cuenta que las plantas de producción existentes en el país no alcanzan a abastecer los consumos internos, debe asegurarse su libertad de importación, sin cupo ni arancel alguno ”. También recuerdan su voluntad de integración a Papel Prensa . En el mismo sentido, ADEPA había pedido que el Estado transfiera a los diarios del interior su participación en esa empresa.

ADIRA plantea que hay otros temas que “requieren una solución política inmediata por parte del Gobierno en su conjunto. Señalan “la grave inequidad tributaria que los diarios regionales padecen desde hace ya 13 años y que sigue sin solución, a pesar de haber expuesto el problema en las más altas esferas del gobierno nacional e intentado múltiples gestiones con el objeto de encontrar un remedio a tan difícil situación”. ADIRA recuerda reuniones con el ex subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro y el ex ministro Amado Boudou, en los que se comprometieron a abordar esas problemáticas en una mesa de trabajo que nunca se concretó , “impidiendo, a pesar del tiempo transcurrido -más de un año-, encaminar nuestros reclamos hacia una solución positiva que asegure la continuidad de las numerosas editoriales al borde de la quiebra”.

ADIRA afirma que “también es imprescindible que cese, respecto de los diarios del interior, la discriminación publicitaria, que les impide participar de un presupuesto oficial administrado arbitrariamente sin criterios de razonabilidad y equidad ”. Según Poder Ciudadano, el año pasado la pauta oficial sumó $1.225 millones, convirtiéndose el Gobierno nacional en el principal anunciante publicitario. La distribución de la misma es cada vez más discrecional, y se la utiliza para premiar a los medios adictos y castigar a los críticos, justamente el mismo temor que se abre ahora con la distribución del papel.

Al final de la solicitada que se publica hoy, la entidad exhorta “a los poderes del Estado a reflexionar sobre las reales necesidades del sector editorial del interior , en la inteligencia de que sólo la adopción de las medidas solicitadas y la corrección de las inequidades descritas pueden asegurar la continuidad de los diarios regionales, garantía del pluralismo informativo, esencial en nuestro sistema republicano”.

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